Por Eduardo Mackenzie
1 de septiembre de 2010
De nuevo el gobierno de Colombia está recibiendo fuertes presiones internacionales para que ceda ante el terrorismo. Durante su viaje a Brasil, el presidente Juan Manuel Santos debió haber captado el mensaje de que hay que discutir con las Farc. “Si no se habla, no se logrará la paz”, advirtió Dilma Rousseff, la candidata presidencial del partido de gobierno, cuando le preguntaron por qué Lula no acepta calificar de “narco guerrilla” a las Farc.
La víspera de la llegada de Santos a ese país, la candidata y ex ministra de 66 años admitió, por fin, que las Farc son una organización “ligada al crimen, al crimen organizado y al crimen del tráfico de drogas”, pero agregó, sin sonrojarse, que de todas formas Brasilia defiende la tesis de que se debe dialogar con esa organización para “restablecer la paz en Colombia”.
Los sondeos indican que Rousseff, quien durante su juventud militó en una organización terrorista, tiene muchas posibilidades de ser elegida el próximo 3 de octubre.
Al mismo tiempo, otros tinglados se están montando en la región para fabricar la imagen de unas Farc dialogantes. La senadora Piedad Córdoba, los jefes del partido comunista argentino y algunos activistas de la misma corriente, de México, Honduras y El Salvador, crearon en Buenos Aires un nuevo “colectivo” con ese objetivo. “El grupo valora la disponibilidad de las fuerzas insurgentes como las Farc de construir una apertura para el diálogo político. La idea es poder establecer un diálogo entre estas fuerzas y el gobierno colombiano”, dijeron.
Todo ello bajo el patrocinio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo. Piedad Córdoba volverá en septiembre a Buenos Aires, para discutir con el ex mandatario Néstor Kirchner, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Optimista, Piedad Córdoba da por sentado que el presidente Santos entrará en el juego de la “apertura”. Al anunciar que se reunirá con él próximamente, Córdoba agradeció la apertura de “una puerta” para construir “escenarios de paz”. ¿Qué justifica tal agradecimiento? No se sabe. Santos ha hecho saber, por el contrario, que no habrá acercamientos con las guerrillas mientras éstas no liberen a todos los secuestrados y cesen sus acciones terroristas, abandonen la colocación de minas antipersonales y el reclutamiento de menores de edad. Lo de dialogar por dialogar no está, aparentemente, en la agenda de Bogotá.
Empero, la agitación descrita se debe a que las Farc están tratando de reorganizar su andamiaje internacional. Ellas buscan dotarse de mecanismos transversales que les permitan entrar de nuevo en contacto con gobiernos extranjeros y con partidos, iglesias y sectas de izquierda y extrema izquierda, con verdes y socialistas y (más discretamente) con elementos de ETA, Hezbollah y Hamas. Una prioridad es reforzar sus células, visibles y menos visibles, en las capitales latinoamericanas, europeas y del Medio Oriente. Pues ese movimiento, relativamente aislado y decapitado, tiene muchos de sus cuadros muertos, en la cárcel y en el exilio, aunque controla todavía frentes armados que siguen traficando droga y asesinando donde y cuando pueden, y preparando nuevas matanzas.
Esa peligrosa reorganización depende de un escenario de “apertura”. Para lanzar a la “acción” lo que les queda, para retomar la iniciativa perdida durante los pasados ocho años, quieren poner fin al esquema utilizado por el presidente Álvaro Uribe.
Obviamente, tal objetivo es irrealizable si las fuerzas armadas de Colombia prosiguen su trabajo y el Estado se mantiene alerta sobre las actividades narco guerrilleras en el exterior. Y, sobre todo, si el gobierno de Juan Manuel Santos rechaza la noción de “diálogo en medio del combate”. Si, por el contrario, Bogotá cede y regresa a una política de gestos de “exploración” y de “buena voluntad”, como quieren los amigos de Piedad Córdoba, las Farc mostrarán ese giro, por mínimo que sea, como la prueba de que la Seguridad Democrática no tiene nada que ver con el gobierno Santos y como la confirmación de que las Farc no son, ni han sido, una organización terrorista.
Toda aceptación de diálogo, abierto o secreto, con el gobierno, o a través de grupos o agentes “mediadores”, o con organismos de bolsillo tipo Unasur, será exhibido como un acto tácito de perdón y olvido de las atrocidades cometidas por la banda terrorista. Y el obstáculo que ésta tiene para reabrir oficinas en el extranjero habrá caído.
Las Farc esgrimieron ese argumento, con éxito, cuando lograron la farsa de los diálogos del Caguán. “Si el presidente Andrés Pastrana negocia con nosotros es porque no somos terroristas”, decían en 2001 a la prensa extranjera. El periplo del comisionado de paz Víctor Ricardo por Europa con seis altos jefes de las Farc, incluido Raúl Reyes, en febrero de 2000, pagado con los impuestos de los colombianos, fue la expresión más escandalosa de a dónde puede llegar un gobierno colombiano que cae en la onda hipnótica de la “apertura” y el “diálogo” con esa gente.
Pero no se crea que las intrigas descritas más arriba han sido en vano. Ellas ya le permitieron a las Farc marcar goles contra el gobierno de Santos: no se puede hablar ahora del apoyo que las Farc reciben en Venezuela y Ecuador; los computadores de Raúl Reyes están en Quito; el acuerdo con Estados Unidos sobre las siete bases militares fue declarado “inexistente”; el falso escándalo de la “fosa común” en La Macarena se abre paso; altos militares siguen siendo víctimas de procesos inicuos; la inseguridad en las grandes ciudades está aumentando y los atentados recientes en Bogotá, Medellín, Neiva, y en el sur del país, siguen en la obscuridad.
¿Quién sabe en qué van las investigaciones acerca de la bomba en Bogotá, atribuida desde Telesur a una misteriosa “extrema derecha” por Armando Benedetti, presidente del Senado, y por la senadora Piedad Córdoba? ¿Qué ha pasado con el asesinato en Medellín del dirigente sindical Luis Germán Restrepo Maldonado? ¿Por qué ese silencio cobarde ante el atentado perpetrado cerca de Currulao, el 31 de agosto pasado, del cual salió ileso Germán Marmolejo, representante legal del Consejo Mayor de Curbaradó? Marmolejo hace parte del grupo de Manuel Moya y Graciano Blandón, líderes afrodescendientes asesinados el 17 de diciembre de 2009. Ellos habían denunciado a las Farc y a dos Ongs por contubernio y concierto criminal para someter las comunidades negras.
El silencio de las autoridades y de la prensa frente a estos crímenes es similar al que existe respecto de la frustrada masacre que las Farc y ETA preparaban contra el presidente Santos y contra la ceremonia del 7 de agosto en la Plaza de Bolívar. Este hecho gravísimo no ha generado comentario alguno del gobierno. ¿Por qué?
El momento que vive Colombia es particular: gran entusiasmo de la población ante los primeros pasos del nuevo gobierno y, al mismo tiempo, una serie de amenazas contra la seguridad del país, que pocos parecen advertir. El papel de verdugo que tenía Hugo Chávez, lo asumió en estos días (¿provisoriamente?) el propio Fidel Castro quien, en uniforme verde oliva, y más agresivo que nunca, dijo que Colombia es una “base militar del imperialismo”. Esa frase del dictador cubano es una orden: todos los ataques contra Colombia son indispensables y legítimos. Ante eso, muchos siguen sonriendo pues lo único que ven es que Fidel Castro está listo a jugar, con la inevitable Piedad Córdoba, la farsa de los diálogos por “la paz” en Colombia.
Por la complejidad de su democracia y de su vida económica y social, Colombia es un poder de porcelana. Ojalá que ninguno de esos energúmenos logre tocarla.
Regresa la presión “aperturista” en Colombia
