L’ONU, COMPLICE DE BUSH ET DE BLAIR DANS L’INVASION CRIMINELLE DE L’IRAK, APPUIE LA DERIVE CASTRISTE DE LA JUSTICE COLOMBIENNE
20 novembre 2009
Rappelez-vous la fable de La Fontaine, et ses deux derniers alexandrins sur Les Animaux malades de la peste :
« Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».
Le « machin », comme Charles de Gaulle avait coutume de qualifier l’ONU, vient encore de faire parler de lui, pour accentuer son discrédit. Après avoir avalisé, sans broncher, l’invasion de l’Irak par les USA et la GB en 2003, ces petits fonctionnaires se permettent de dénoncer la justice de Colombie. Non pas pour son appui avéré aux terroristes des FARC, comme on aurait pu l’espérer, mais pour la surveillance dont certains juges corrompus font l’objet pour leurs liens avec le terrorisme, comme c'est le cas dans tout Etat de droit, y compris en France.
Le Comité anti-torture des Nations Unies a appelé vendredi, depuis Genève, les autorités colombiennes à garantir l'indépendance de la justice et des juges qui font l'objet de filatures et de harcèlement de la part des services de renseignement de Bogota.
A l'occasion de l'examen de la situation en Colombie, les 10 experts « indépendants » du Comité anti-torture ont demandé à Bogota “de prendre des mesures immédiates pour mettre fin au harcèlement et à la filature des juges par des agences du service de renseignement (DAS)”.
Les experts, qui présentaient vendredi leurs observations finales sur la Colombie, ont également exhorté Bogota à “sanctionner les responsables qui menacent l'indépendance du pouvoir judiciaire”.
Un des principaux motifs d'inquiétude du Comité anti-torture est que des “juges de la Cour suprême aient reçu des menaces et aient dû demander au Système interaméricain des droits de l'homme de mettre en place des mesures préventives de protection”.
Les experts ont ainsi fait part de leur “consternation” par rapport au fait que les juges fassent l'objet “de harcèlement, de filature et d'écoutes téléphoniques” par le DAS, un organisme qui dépend du pouvoir exécutif colombien.
Les bras m’en tomberaient si un tel scandale ne leur redonnait vie pour taper sur mon ordinateur les termes de mon indignation. Aucun des juges concernés n’a encore bougé le petit doigt pour matérialiser l’information ouverte depuis le 1er septembre 2008 contre la pasionaria des FARC, la sénatrice Piedad Cordoba, pour sa complicité avérée avec les terroristes qui viennent de brûler vifs six civils dont deux enfants dans un bus en Colombie. Ce comité anti-torture de l’ONU n’a aucun mot pour dénoncer la barbarie des FARC, ni de ses complices au sein de la Cour suprême de Colombie.
Crée
Fabio écrit :
Ajouté le 22 novembre, 2009 à 13:01El Pais de Cali
El arma ’secreta’ de las Farc
Las milicias, el antídoto que la guerrilla busca usar frente al acoso militar.
El trozo de mandíbula y los pedazos de billetes que aparecieron enredados en el techo fueron la pieza que completó el rompecabezas. Sólo hasta ese momento las autoridades comprendieron que la explosión del puesto de arepas, ocurrida dos meses antes en esa calle del barrio Los Mangos, fue un error. En la perversión lógica del atentado, lo que realmente debió suceder fue que la dinamita estallara frente a la estación de Policía, donde a las 9:00 de la noche de aquel 7 de agosto del 2002 debían estar al menos diez uniformados. Ese día, Álvaro Uribe Vélez se posesionaba como presidente.
Pero los policías apenas escucharon la detonación. El atentado, parte de una oleada terrorista ordenada por las Farc en las principales ciudades del país, tuvo una particularidad coincidente en otras acciones fallidas en diferentes puntos de la ciudad: elementales errores humanos.
En esta ocasión, lo que sucedió fue que el carrito de comidas se atrancó en un policía acostado de camino a la estación y el chico contratado para arrastrarlo no encontró mejor solución que destrabarlo a empellones. Así que pronto, sin siquiera sospecharlo, su cuerpo endeble, inocente, inconcluso, se convirtió en el detonante de una bomba que él ignoraba que arrastraba. Los $400.000 que le dieron por el mandado y que le habían devuelto la risa extraviada, volaron junto a él hasta los tejados.
Lejos de ser una anécdota de la guerra que sacude al país, siete años después el caso sigue siendo citado por los investigadores criminalísticos como el punto de inflexión del accionar urbano de la guerrilla en el suroccidente colombiano. Porque pese a no haber cumplido con su objetivo, los insurgentes dimensionaron el daño que podían hacer en la ciudad con la misma arma empleada en las montañas a la hora de reclutar: el engaño.
?Gaviota?, una guerrillera reinsertada que ahora vende pasteles en alguna esquina de Pereira, explica que lo que hicieron fue replicar lo que desde hace 40 años hacían en el campo: ?Empezaron a buscar gente con hambre a la que ofrecían plata para que hiciera cosas en apariencia inofensivas, pero que casi siempre terminaban mal. Así hallaron mano de obra en las ciudades, en un momento en que sus estructuras urbanas estaban muy golpeadas?.
Las palabras de ?Gaviota? coinciden con la explicación de un investigador criminalístico consultado por este diario. Según él, luego de infiltraciones y traiciones internas, la columna móvil Manuel Cepeda Vargas, encargada de las acciones guerrilleras en la ciudad, estaba prácticamente desmembrada a comienzos del 2000 y los altos mandos decidieron valerse de ?muchachos necesitados, sicarios y ex pandilleros para ejecutar sus planes a destajo, sin comprometer a más hombres ligados directamente con la organización?.
Para ello, dice la fuente, ubicaron a varios reclutadores en sectores marginales y de ladera, que se convirtieron en sus enlaces con el hampa. Uno de los más efectivos para la guerrilla en los últimos años ha sido alias ?Fernando?, quien se mueve en Aguablanca y sobre el que recae orden de captura por haber pertenecido a la temida banda de La Mona. Él habría tenido que ver con la desaparición de más de diez chicos de las comunas 13, 14 y 16, que este año fueron llevados como ?raspachines? de coca al norte del Cauca.
Pero detrás del accionar urbano de las Farc, hay una ecuación más compleja. Tras la captura de Eduardo Molina Garay, alias ?El Viejo?, al igual que de ?Quilindo? y ?Mardú?, detenidos en Cali en el 2006, los jefes del Bloque Móvil Arturo Ruiz determinaron un reacomodo interno ordenando la presencia de la Columna Gabriel Galvis en la ciudad para fortalecer el brazo armado de la estructura citadina.
De acuerdo con una fuente de Inteligencia la primera prueba de ello fue que cambiaron su modo de operar: ?Explosivos accionados con temporizador en vez de control remoto y bombas artesanales embaladas en cilindros metálicos son propias de ellos?.
Los cabecillas del Arturo Ruiz serían los encargados de haber puesto a funcionar un tarifario perverso que, dado a conocer en barrios marginales, al interior de bandas criminales y pandillas, es una bomba de tiempo: por dejar el clan y unirse a las milicias, $400.000; por activar un petardo, un millón; por matar a alguien señalado por la guerrilla, dos millones. La guerrilla lo sabe bien: con hambre no se razona.
Las cuevas se multiplican
Mientras que en Cali es prácticamente imposible determinar cuántos milicianos existen, los cálculos del Ejército apuntan que en el Cauca, en este momento, no serían menos de 3.500.
En el departamento vecino dependen de los frentes Sexto, 60, 29 y de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc. Pero también se ha podido determinar que hay milicias del ELN a través de sus grupos Lucho Quintero Giraldo, Camilo Cienfuegos y Manuel Vásquez Castaño que, aunque reducidos, siguen vigentes gracias a una alianza criminal con Los Rastrojos, cuyo principal radio de acción es el sur del Cauca y el Litoral Pacífico.
Entre el 2002 y lo corrido de este año 95 milicianos han sido dados de baja por las autoridades; se han entregado 25 y han sido capturados y procesados los alias Pampini, Jaime Carvajal, Édgar Yonda, Orejimocho, Jhon Fredy Andrade Vitonás, Tabaco, Verónica, Jaime y Hugo, éste último, cuarto en poder de mando al interior de la columna Alirio Cortez.
Aunque el general Germán Giraldo, comandante de la tercera Brigada del Ejército hace hincapié en el robustecimiento del pie de fuerza y en la captura de otros 14 guerrilleros con capacidad de resolución militar para impartir órdenes en la región, se sabe que la situación del Cauca es una de las más difíciles del país.
No es gratuito, por ejemplo, que en el búnker que la Policía tiene en Toribío, exista una tienda de abarrotes. La idea de la construcción, además de proteger a los uniformados, es ofrecerles condiciones para evitar que salgan a la calle.
?Si allá abajo fuera más grande, seguro, habría una sala de cine?, cuenta un policía mientras vigila a las afueras de una peluquería donde rasuran a su compañero de guardia. Ya es costumbre que actividades tan simples como esa requieran, casi, de un dispositivo de seguridad. Los policías saben que no pueden andar solos y que siempre deben cuidarse las espaldas entre sí.
Los tiros pueden provenir desde cualquier lado, dice el agente Díaz, quien en su celular carga un video de una toma guerrillera perpetrada hace un año. La imagen, tomada desde una trinchera desde donde él y sus compañeros se resguardaban de las balas, muestra ráfagas provenientes de las propias casas del pueblo. Al igual que Corinto, en los últimos años Toribío se convirtió en una de las despensas del reclutamiento de la guerrilla. El mural de veinte metros de largo, con los colores de la bandera de colombia y el rostro de los capos de las Farc, pintado a pocos kilómetros de la entrada del pueblo, no es coincidencia. El Ejército intenta dar la pelea con un plan de judicialización apoyado por la Fiscalía; en las próximas semanas, se producirían al menos 30 capturas de milicianos infiltrados en ambas localidades.
En Buenaventura, otra ?cueva? de las milicias, la Policía también tiene su lucha. Hace dos semanas Edwin Alexis Torres Riascos, alias ?Palermo?, reconocido como uno de los jefes de milicias del frente Manuel Cepeda Vargas, fue capturado en el momento en que intentaba asesinar a una mujer en el barrio R-9. El ?Cholo? y ?La Beca?, también cayeron. De acuerdo con el coronel Milton Zamudio, comandante de la Policía en el Puerto, la mujer era una de las más temerarias asesinas de la organización subversiva: en el 2006 ella fue quien se encargó de ordenar 20 atentados terroristas en toda la ciudad.
Pero la noticia se celebra con prudencia. Un detective de la Policía asignado a la zona, sabe que allá, junto al mar, la Columna Móvil Manuel Cepeda Vargas está buscando a guerrilleros que no fueron aceptados por el programa de reinserción para rearmarse.
En barrios como La Inmaculada, Santa Fe, Punta del Este, Santa Cruz, R9, se habla de un nuevo ejército, armado en las sombras, a las orillas de los palafitos donde la marisma hace reventar el perfume nauseabundo del abandono. Las autoridades no son inmunes al olor. De la misma forma en que los guerrilleros se camuflan entre la población, ellos hacen inteligencia para hacerles frente. Pronto habrán nuevos golpes, dice el detective, sin contener el aliento.
En pocas palabras
“La Policía y el Ejército quieren desconocer lo que pasa, pero adentro de los barrios se vive una guerra entre los milicianos de las Farc y de los Paras. Nosotros, el pueblo, en el medio, somos las víctimas”.
“Aquí todavía cobran impuesto a los dueños de las tiendas. Yo por ejemplo, tengo que pagarle $70.000 a los paras. Y en la galería también hay vacuna, ¿por qué no dicen nada de eso? Tendera de el Puerto.
?La Manuel Cepeda sigue mermándose?
El teniente coronel Carlos Mario Díaz, jefe del Estado Mayor de la Brigada Fluvial de la Infantería de Marina Número Dos con sede en Buenaventura, asegura que tras la captura de alias Juancho y Santiago, la Columna Manuel Cepeda Vargas está cada vez más mermada en el Puerto.
?Estos no son los tiempos de J.J. cuando los guerrilleros tenían control territorial sobre la zona. Se acabaron las épocas de las extorsiones y de los sectores vedados para las autoridades?.
?La Manuel Cepeda Vargas, además, está en una pugna interna con las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Entre ambos bandos se está dando una guerra que ha afectado seriamente el brazo urbano que la guerrilla tiene?.
?En hombres, tiene un número mínimo. Tenemos a varios identificados y yo podría decir que, en este momento, no son una amenaza?.
Fabio écrit :
Ajouté le 22 novembre, 2009 à 13:01Si quelq’un ici a de la bonne memoire, vous vous souviendrez qu’une des premieres victimes des ecoutes telephoniques a ete… Uribe!!! pretendre qu’Uribe est derriere des ecoutes organisés par des mafieux qui ont reussi infiltrer le DAS est d’une betise extraordinnaire! mais la betise n’est-elle pas encouragée et recompensée a l’ONU?
SD écrit :
Ajouté le 22 novembre, 2009 à 13:01l’ONU n’est pas compatible avec les droits de l’homme…
Les Farc passent à la méthode ETA
Fabio écrit :
Ajouté le 23 novembre, 2009 à 13:01El Colombiano de Medellín
Farc cobran a campesinos las minas que pisan
ENTRE $50 MIL y 2 millones pagan a las Farc las víctimas de minas antipersonal. El argumento es que no son contra ellas sino contra el Ejército. Antioquia, Nariño y Caquetá registran casos de pagos insólitos.
José Guarnizo Álvarez
A finales de 2007, a través de la Campaña Colombiana contra Minas, se filtró una denuncia que inicialmente pareció una burla al sentido común. La información provino de un pueblo fantasma del Caquetá de donde habían salido desplazadas 5.000 personas de tiempo atrás y que tiene por nombre La Unión Peneya.
Un hombre que pisó una mina sembrada por el frente 15 de las Farc, que opera en el sur del país, aseguró que la guerrilla le estaba cobrando 500.000 pesos por algo que, según la lógica del grupo armado, no estaba destinado para él. En otras palabras, la razón del cobro era que él había “echado a perder” un explosivo que iba dirigido contra el Ejército.
“El campesino pisaba la mina y, sin importar el daño físico y psicológico, tenía que pagar por el perjuicio que supuestamente había causado”, dice un representante de una ONG que tiene una de sus sedes en Florencia, capital del departamento de Caquetá.
En el 2008, quienes perdían sus extremidades al pisar los artefactos comenzaron a ser objeto de tan insólitos cobros. “Manito, ya pisó la mina, piérdase de acá. Si va a poner la denuncia y a socializar el accidente, automáticamente le toca”, les decían.
“Entonces, quedabas contra la pared. O voy a los hospitales de Florencia y cuento la verdad, o me quedo callado”, cuenta un habitante de la zona. La presión a la que estuvo sometida la población de La Montañita, un municipio de 40 mil habitantes que vive en gran parte del cultivo ilegal de la coca, era casi que hombre por hombre.
“Muchas veces te quedabas en el campo y no salías a los puestos de salud. O si llegabas, no decías lo de la mina, sino que dabas la versión de que se te había disparado la escopeta. Te inventabas infinidades de cuentos que terminaban reportados en la historia clínica”, agrega la fuente.
Pasados dos años, las denuncias sobre este tipo de prácticas eran escasas y parecían más un simple rumor. Solo hasta la semana pasada, cuando una víctima en Antioquia hizo el mismo comentario. Entonces salieron a la luz más casos. En una reunión a la que asistió un delegado de la ONG Handicap Internacional se supo de tres víctimas más de minas y cobros en el departamento.
“Funcionarios de hospitales de primer nivel lo pusieron en conocimiento. Eso está saliendo es ahora último, antes no era tan común. Lo escuché a comienzos de este año a tres personas de dos municipios de Antioquia, uno de ellos del Oriente”, dice una funcionaria.
Adriana Zapata, presidente de la Asociación de Víctimas de Minas en Antioquia, una mujer que por cierto ha padecido en carne propia la severidad de los explosivos, se encontró la semana pasada en San Juan de Arama, en el Meta, con una víctima más a la que grupos armados le estaban cobrando nada menos que 1 millón 200 mil pesos. “Escuchar a la persona decirlo fue bastante maluco. O sea, no me imaginaba que eso pudiera suceder. Imagínese -agrega- uno con tanto dolor y enseguida otros cobrándole”.
Lo que poco se entiende es que una denuncia tan grave haya pasado inadvertida tanto tiempo. Esto sucede, según miembros de una organización humanitaria, porque al momento de un accidente lo que ocupa es atender la emergencia, “mirar la rehabilitación, no saber si les están cobrando”. A las agencias internacionales, agregan, no les competería prohibir que cobren por las minas, sino más bien que no las utilicen.
Además, el pánico a denunciar hace que el tema no trascienda el anecdotario. Viviana Martínez, secretaria de Gobierno de Samaniego, Nariño, centro de la mayor cantidad de quejas, dice que el municipio ha solicitado información a la Fiscalía y a la Policía, pero que no hay ninguna denuncia formal. “La razón es que las víctimas se tienen que regresar a las veredas y allá tienen que volver a convivir con esas personas. Otras veces les impiden acceder a los beneficios legales que entrega Acción Social”.
La presión que se siente en Montañita es un ejemplo. Allá los civiles han estado sitiados porque sencillamente no pueden entrar y salir cuando quieren. “Si yo digo que me voy de paseo a Florencia y en un mes vuelvo, no dejan. Hay que pedir permiso y estar sometido al constante seguimiento”, dice alguien de la zona.
¿Negocio redondo?
Sin embargo, al consultarle por el caso, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, director del programa Presidencial contra Minas Antipersonal, asegura que esa dependencia está en miras de recaudar información que podría llevarse a la Corte Penal Internacional. “La parte complicada -explica- es hacer el seguimiento preciso e individualizar el hecho. Para nosotros es un poco difícil, pero creemos que es un tema que hace necesaria la denuncia y la condena”.
Para Dávila, que las Farc les cobren a sus víctimas representa el máximo nivel de deterioro y de maltrato a las comunidades. La pregunta que surge entonces es si la guerrilla lo hace por razones económicas. Si se tiene en cuenta que la elaboración de una mina artesanal, de acuerdo con el testimonio de un explosivista de la Policía, es tan sencilla como ir de compras al supermercado, los guerrilleros estarían ante un negocio redondo.
“Los elementos que se necesitan son los mismos que tiene una persona diariamente a la mano. Sobre todo porque el explosivo se puede sacar de los abonos orgánicos a base de nitrato de amonio. El aluminio en polvo, por ejemplo, lo consiguen los polvoreros para hacer sus juegos de luces”, argumenta.
Un experto en minas del Ejército asegura que con solo 300 pesos (lo que cuesta un detonador en el mercado negro), casi se puede construir uno de esos artefactos (que en total vale 1 dólar) sin despeinarse. Y, si se compara con los 2 millones de pesos que la guerrilla ha llegado a cobrar en Samaniego, como se lo comentaron a una empleada de Naciones Unidas, la rentabilidad sería altísima.
En la “tabla de precios” que los armados han pedido a personas mutiladas o a familiares de difuntos, 50.000 es la cifra más baja. Existe, incluso, según Dávila, una tarifa que disminuye si la que explota la mina es una recua de mulas y no un ser humano.
Pero más allá de la plata que las Farc les saquen a las víctimas, que en el 97 por ciento de los casos son pobres, según el Gobierno, podría esconderse un asunto de estrategia militar. “Aunque a ellos les sale muy barato construirlas, el riesgo que están asumiendo instalándolas es muy alto. Entonces, que una mina sea activada por alguien que no era su objetivo implica primero tener que responderle a la comunidad; segundo, poner nuevamente a un explosivista a que se vuelva a arriesgar. Y, tercero, es alertar al Ejército”, asegura una fuente cercana a los hechos.
Por documentos que ha obtenido inteligencia militar del Secretariado de las Farc, la guerra ahora es con minas y no con disparos. ¿Cuál es el problema de la mina? Que se queda ahí. Colombia, en un escenario de posguerra, tardaría 100 años en desminar sus campos. Un funcionario utiliza la palabra “dantesco” para describir la cantidad de esqueletos de animales que cualquiera se puede encontrar, por ejemplo, en zona rural de Ituango.
En San Rafael, Antioquia, con lo que queda del Noveno Frente y, en el Nudo del Paramillo (bordeado por el Bajo Cauca y el Alto Sinú), con el 18, la guerrilla ha tenido que utilizar minas antipersonal como mecanismo desesperado para contener a 5.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta y varias Brigadas Móviles, incluyendo soldados de la IV y la XIV brigadas. Dicho por el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una ofensiva sin tregua.
Mucho de lo que relatan quienes visitan las estribaciones del Nudo, que se extiende en un espeso monte de 6.000 kilómetros cuadrados, es que el Ejército no tiene cómo avanzar en terrenos minados. “Una mina, cuya instalación demora una hora, retrasa a las tropas dos o tres días. Por eso no han podido derrotarlos”, agrega la fuente.
Este año van 120 víctimas accidentadas en la zona y 35 soldados muertos. Por informe de la Gobernación se sabe que en Antioquia resultaron muertos y heridos 104 militares en 2009. “Es muy duro. Mientras a la mafia no le cuestan nada una lata de cerveza, una jeringa y 300 gramos de explosivo, el Estado invierte algo que no se puede cuantificar y es la vida de una persona”, cuenta un militar.
Por eso un campesino que explota una mina lleva a cuestas una cruz doble. Por un lado, tiene que pagar por lo que no se gastó sino que padeció. Y, por otro, como ha ocurrido en Caquetá, carga con el fardo de ser sospechoso de instalar el artefacto. Existe una última y eventual motivación, por parte de las Farc, para quitarle la plata a un mutilado. Algo que trasciende lo económico y lo militar y que nadie se atreve a descartar, pero tampoco a validar: la práctica de la perversidad.
Fabio écrit :
Ajouté le 23 novembre, 2009 à 13:01WSJ
The End of Bolivian Democracy
Elections scheduled for December 6 will mark the official end of the Bolivian democracy.
By MARY ANASTASIA O’GRADY
NOVEMBER 22, 2009, 7:41 P.M. ET
A dictatorship that fosters the production and distribution of cocaine is not apt to enjoy a positive international image. But when that same government cloaks itself in the language of social justice, with a special emphasis on the enfranchisement of indigenous people, it wins world-wide acclaim.
This is Bolivia, which in two weeks will hold elections for president and both houses of congress. The government of President Evo Morales will spin the event as a great moment in South American democracy. In fact, it will mark the official end of what’s left of Bolivian liberty after four years of Morales rule.
While the U.S. and the Organization of American States have been obsessing over Honduras’s legal removal of an undemocratic president, Mr. Morales has been fortifying his narco-dictatorship. He’s also made friends with Iranian dictator Mahmoud Ahmadinejad, who will make another visit to La Paz tomorrow.
Mr. Morales is expected to win re-election easily, in part because in many areas that he controls voters will be escorted into polling booths to make sure they choose correctly. His party, Movement for Socialism (aka MAS for its Spanish initials), is almost certain to retain control of the lower house of congress and is likely to win the senate, which until now has been controlled by the opposition.
If this happens, Mr. Morales’s rule will be almost impossible to challenge. But this should not be interpreted as a national embrace of his politics. He will pull off his power grab thanks to a policy of terror against his adversaries.
Recall that in 2003, Bolivia had an elected president in Gonzalo Sánchez de Lozada. Hard-left radicals didn’t like it when Mr. Sánchez de Lozada proposed the export of liquefied natural gas via Chile. They launched violent protests and blocked the nation’s highways. Their objectives to bring down the government coincided with the goals of the coca growers’ movement, which was led by Mr. Morales. It joined in the uprising.
When the president decided to use the army to escort supply trucks, clashes ensued. Mr. Sánchez de Lozada decided to leave the country as a way of defusing the violence, and the U.S. State Department told him that if he did not resign before doing so, it would cut off foreign aid. The president complied, providing, under duress, a legal patina for an illegal coup.
The terrorism had worked and there was nary a peep of protest from the international community. So it was used again to force the resignation of Mr. Sánchez de Lozada’s successor and the president of the senate. That meant new elections had to be called. Mr. Morales ran and won.
Upon taking office in 2006, Mr. Morales began using his office to persecute officials of previous governments. Some were jailed, others fled. He made sweeping changes to the judiciary and the electoral council. Any time there was an opposition challenge, his street thugs or his judges put a stop to it.
A constituent assembly was elected to rewrite the constitution, but MAS failed to win two-thirds of the delegate seats. Thus the assembly refused to adopt a text filled with antidemocratic articles and a re-election provision for the president. Again MAS, backed by the government, used force. In November 2007 it called the assembly to a military garrison, locked out opposition members, and won the vote. Three protestors were killed. A second vote required to ratify each article again excluded opposition members.
When it came to getting the document ratified by the senate, Mr. Morales called on the mobs once more. In March they surrounded the parliament building and threatened members. Opposition congressmen eventually gave in but claimed they had managed to salvage a few remnants of democratic capitalism, like property rights and private education. Yet those gains may well be transitory.
Besides the presidential “re-election” provision, the document also contains two other articles that are likely to devastate the democracy. One creates a special class of people deemed to have pure Indian blood, granting them special privileges including designated seats in the legislature. This gives Mr. Morales enormous political control. A second article allows him to call for a new constituent assembly to write a new constitution. And it says that it can be approved by two-thirds of “members present.” In other words, if he again fails to get the two-thirds vote he needs to ratify his plan, he will only need to repeat the practice of surrounding the meeting place and blocking his opponents from getting to the vote.
Mr. Morales is South America’s latest dictator, but he is not the ideological communist that many fear. He’s more akin to a mob boss, having risen to power by promising to protect the coca business. Now he has the capacity to do it.
Under his rule, coca cultivation is legal and he collects a licensing fee from all farmers, whose harvests are sold through a centralized market. MAS officials also regulate cocaine production and trafficking which now reaches down to the household level.
The booming business has made Mr. Morales popular. He may hate the U.S. and freedom but one thing is for sure: He understands markets.
Write to O’Grady@wsj.com
Elsa écrit :
Ajouté le 23 novembre, 2009 à 13:01“SIN COMENTARIOS” (articulo de “El Tiempo” de Mauricio Vargas 23/11/2009)
Silencios que indignan
Toda la razón le asistía al canciller Jaime Bermúdez cuando reclamó a la pomposa Unasur por su silencio frente a las continuas agresiones de Hugo Chávez. Agresiones que ya no son solo verbales, como lo muestra la voladura de dos puentes peatonales en la frontera y la indiferencia del régimen chavista frente al asesinato, en su territorio, de un grupo de humildes colombianos. Que un mandatario socio y fundador de Unasur amenace a un vecino con la guerra y lleve a cabo acciones dignas de bandas terroristas no ha merecido un solo comentario de Unasur como institución, ni tampoco, de manera individual, de los gobiernos que la integran.
Lula calla. La señora Bachelet, que tan preocupada se declaró por el uso estadounidense de las bases militares colombianas, también se hace la gringa. La señora Fernández de Kirchner, ni hablar, aunque, claro, ella tiene un maletín con 800.000 dólares que le mandó Chávez para justificarse. Es un silencio cobarde e indignante. Es el silencio de muchos cuando los nazis se llevaban a los judíos a los campos de concentración. Esa pasividad les salió costosa a los indiferentes, pues luego los nazis vinieron por ellos. Si la región le permite actuar así a Chávez contra Colombia, sus líderes deben saber que, algún día, la furia de este sicópata se volteará contra ellos.
Y qué decir de la administración de Barack Obama, que tan cómoda parece en su silencio. Un día se arrepentirá de no haber sabido respaldar a su único aliado verdadero en la región, el que les extradita a cientos de narcotraficantes, el que les ha reducido de manera sustancial la producción y exportación de cocaína para que menos polvo blanco llegue a las narices de sus adictos, el que no se ha dejado comprar -como lo hizo el depuesto Manuel Zelaya y como lo han hecho muchos otros- por los petrodólares de Chávez.
Una sola excepción vale destacar: el Senado del Brasil. Amigos y opositores de Lula han trancado la aprobación del ingreso de Venezuela a Mercosur, tras dejar en claro que Brasil no puede privilegiar con un acuerdo comercial a un mandatario que amenaza a diario con una guerra. Por lo demás, lo que parece haber cundido en la región es una mezcla de pánico cobarde e indiferencia.
Y si en el exterior llueve, en el país diluvia. El silencio también campea en la oposición. Ya ni siquiera Gustavo Petro, que tantos votos ganó, por confrontar a Chávez, en la consulta que lo hizo candidato, ha vuelto a cantarle la tabla. Por los lados del Partido Liberal, nada de nada. Después de la acertada constancia del ex presidente César Gaviria en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -que, por cierto, el presidente Álvaro Uribe no supo valorar-, el jefe del liberalismo también se ha callado. Ernesto Samper sí se ha pronunciado, pero más bien a favor de Chávez. Andrés Pastrana, que en su momento también sufrió las intromisiones de Chávez, en vez de rechazar las nuevas agresiones, ¡ahora se ofreció de mediador!
No se trata de que estas voces se alcen para responder uno a uno los insultos del tiranuelo de Miraflores. No. En eso Uribe, el canciller Bermúdez y el ministro de Defensa, Gabriel Silva, han acertado al evitar toda provocación. Pero, a la vez, han sido enérgicos en la defensa de la postura colombiana. ¿No podrían los líderes opositores hacer lo mismo?
Uribe ha acumulado muchos errores en los meses recientes, en particular por su equivocado empeño reeleccionista y por la corrupción desatada como consecuencia del chantaje de la maquinaria politiquera que el Gobierno alentó para sacar adelante el referendo en el Congreso. Pero de ahí a que la oposición calle y mire para otro lado a la hora de respaldar a Uribe ante las agresiones de Chávez, hay mucho trecho. Un trecho que los electores tal vez les cobren el año entrante.
mvargaslina@hotmail.com
Mauricio Vargas