11 novembre 2009
Voici un résumé en espagnol de ce scandale, longuement déjà évoqué dans notre blog.
Esta es una breve historia de la batalla del Palacio de Justicia y de la persecución judicial injusta que adelanta el narcoterrorismo contra un hombre inocente.
El 6 de noviembre de 1985, día en que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a fallar positivamente acerca de la ley de extradición en Colombia, un comando del grupo terrorista M-19, fundado por ex-miembros de las FARC, e integrado por unas 50 personas, ingresó violentamente al Palacio de Justicia, disparando y asesinando a varias personas, para secuestrar enseguida a quienes allí se encontraban y en particular a los magistrados de las altas cortes del poder judicial.
Ese asalto, a 200 metros del palacio presidencial, había sido financiado por narcotraficantes conocidos como “los extraditables”, es decir, por una alianza entre miembros del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Los terroristas utilizaron armas de guerra que habían sido suministradas a ellos por los sandinistas de Nicaragua. Estas hacían parte de un lote de armas enviado a los sandinistas nicaragüenses por el gobierno venezolano en 1979.
Cuarenta y tres magistrados y empleados del Palacio de Justicia perdieron la vida ese día. Once militares y policías murieron en la refriega. Otros 31 militares y policías quedaron heridos. Todos los asaltantes fueron abatidos, salvo uno o dos que lograron escapar del edificio y cuyo paradero es hoy desconocido.
El mayor crimen cometido por el M-19
El objetivo de los asaltantes del M-19 era evitar el fallo a favor de la ley de extradición, así como adelantar un acto de sensacionalismo presentado por ellos como un “juicio del pueblo”. Este se adelantaría contra el presidente Belisario Betancur, contra varios magistrados y algunos miembros del poder ejecutivo.
Los asaltantes también buscaban quemar los expedientes contra los narcotraficantes que estaban vinculados a las potenciales extradiciones, así como lograr un triunfo publicitario en los medios de información más grande incluso que el que habían obtenido mediante la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá en febrero de 1980, en donde después de varios días de negociaciones recibieron un millón de dólares y fueron conducidos en avión a Cuba donde fueron recibidos como héroes, a cambio todo ello de liberar a los rehenes de la embajada.
Belisario Betancur, el presidente de la República de Colombia en el momento del asalto al Palacio de Justicia, no se sometió a la presión de los terroristas y, como comandante en jefe de las Fuerza Armadas, dio la orden de hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Concretamente, ordenó a la fuerza pública obtener la recuperación del Palacio de Justicia, liberar los rehenes, establecer un diálogo con los atacantes, con la advertencia de que no habría negociaciones y desalojar a los subversivos.
Con ayuda de la Policía Nacional, el Ejército colombiano comenzó un operativo con el objetivo de rescatar el mayor número de secuestrados que se encontraban en manos del grupo narco-terrorista M-19 y de doblegar a los ejecutores de tan terrible acto criminal.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de una unidad táctica, la Escuela de Caballería de Bogotá, recibió la orden explícita de adelantar el esfuerzo principal ingresando con los tanques al Palacio de Justicia. El coronel Plazas, junto con sus tropas, ingresó personalmente y rompió la resistencia del grupo narcoterrorista. El coronel fue el primer comandante de unidad táctica que ingresó al Palacio de Justicia. Sin embargo, él no era el comandante de la operación, ni tampoco el único oficial con responsabilidades de mando dentro de la misma.
El coronel Plazas Vega participó cumpliendo funciones estrictamente de combate y jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el manejo de los rehenes rescatados. Una vez los rescatados fueron sacados de la zona de combate dentro del Palacio de Justicia, pasaron a ser responsabilidad de los organismos de inteligencia del Estado (Inteligencia militar, Policía, DAS). Hasta allí llegó la responsabilidad operativa del coronel Plazas Vega.
Después de dos días de intenso cruce de fuego entre las tropas y los secuestradores, el Ejército colombiano logró rescatar con vida a 244 personas (entre ellas a 40 magistrados) que se encontraban como rehenes del grupo terrorista asaltante.
De manera despiadada el M-19 alcanzó a asesinar a algunos de sus rehenes, entre ellos al personal civil administrativo y también a los magistrados que no alcanzaron a ser rescatados por las tropas.
Los terroristas prendieron fuego al gigantesco archivo nacional judicial de la Corte, donde se encontraban los expedientes de los “extraditables”. Ello generó un incendio de grandes proporciones. Las llamas se apoderaron del edificio.
Al final del trágico holocausto, en el que hubo más de 100 personas asesinadas, se generó una enorme controversia y un cuestionamiento sobre lo que pudo haber ocurrido con las 11 personas cuyos cadáveres jamás fueron entregados a sus familiares.
Desde entonces esos muertos son denominados por los medios de información como “los desaparecidos del Palacio de Justicia”.
Esas personas eran empleados de la cafetería del palacio. Eran personas humildes, inocentes, honestas y trabajadoras que nada tenían que ver con la mafia, ni con el conflicto narcoterrorista en Colombia.
Estudiar el informe del Tribunal Especial de Instrucción
En 1986, la Corte Suprema de Justicia creó un Tribunal Especial de Instrucción para adelantar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Ese tribunal estaba conformado por dos magistrados principales (Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata), diez jueces especiales y más de treinta jueces auxiliares. Ese tribunal incluía los colegas de los magistrados asesinados.
Ese equipo judicial investigativo tenía el mayor interés en descubrir quienes eran los responsables del holocausto.
Ese tribunal dictaminó que el Ejército colombiano había actuado bajo el mandato de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho.
Ese tribunal declaró culpable de la tragedia al grupo narco-terrorista M-19.
La participación del coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue investigada exhaustivamente por ese tribunal. Este determinó que el coronel Plazas había cumplido a cabalidad con sus responsabilidades dentro de la operación y que sus actuaciones habían sido todas de combate y sujetas a la ley.
Respecto de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, el tribunal especial concluyó:
En la conclusión 17 de su informe, el Tribunal a la Corte Suprema de Justicia dice que “existe prueba suficiente en el sumario para concluir que las personas consideradas como los desaparecidos de la cafetería fallecieron en el cuarto piso a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos.”
Que se encontraron cuerpos sin vida en el cuarto piso del Palacio de Justicia a donde fueron conducidas varias de las víctimas como rehenes y donde fueron asesinadas por el M-19. Que dentro de esos cuerpos existe un grupo de cuerpos calcinados que no lograron ser identificados. Que esas personas fueron asesinadas por el M-19 en el cuarto piso. Que por su número, los cuerpos encontrados no identificados coinciden con el número de cadáveres que nunca llegaron a sus familias y que necesariamente corresponden a los mismos.
El texto exacto dice así: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir en que tales personas fallecieron en el cuarto piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos.” (Página 61 del informe del Tribunal Especial de Instrucción, del 31 de mayo de 1986).
En esa misma página, el TEI dice: “Del número y comprobación de los cadáveres aparecidos en el cuarto piso, examinadas las nóminas de Corte Suprema y Consejo de Estado, comprobado el número de evadidos, existe un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de esta lista que se presenta al principio de este capítulo.”
El TEI subrayó lo siguiente: “No ha sido denunciada otra desaparición por o durante estos sucesos con lo cual se acrecienta la convicción de que los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto.” (Página 61 del informe del Tribunal Especial de Instrucción).
Ninguno de los desaparecidos de la cafetería logró salir del edificio. Ninguno de los rehenes liberados los vio entre los que salieron. Tampoco sus imágenes fueron registradas a la salida del Palacio. El Informe del Tribunal Especial de Instrucción dice: “En las películas que con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería.’ (Página 49).
Por estas razones, el Informe del Tribunal Especial de Instrucción se permite concluir que su convicción profunda es que “los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto.” (Página 61).
La justicia debe insistir en adelantar pruebas de ADN sobre los cadáveres no identificados. Esta diligencia podría aclarar muchas incógnitas sobre lo sucedido y quizás cerrar las dudas frente a ese caso.
Los cadáveres no identificados fueron llevados a fosas comunes por Medicina Legal. Por alguna extraña razón, a esos cadáveres no identificados nunca se les practicaron pruebas de ADN. Es entendible que esas pruebas de ADN no se hayan practicado en 1985 porque esa tecnología no estaba tan desarrollada como ahora y no estaba disponible en Colombia. Hoy en día, no se entiende por qué la justicia no ha querido realizar ese tipo de pruebas.
Es un deber del Estado colombiano investigar y encontrar la verdad sobre lo ocurrido con estas once personas. También es un deber del Estado colombiano establecer si lo que hubo fue un genocidio o un asesinato llevado a cabo por el grupo narco-terrorista M-19.
El 16 de mayo 1992, después de siete años de investigaciones, una juez condenó y ordenó la encarcelación y la sanción de los miembros del M-19.
A pesar de ese fallo ellos nunca pagaron ni un día de cárcel.
Sin embargo, ellos fueron condenados por los siguientes delitos: homicidio, homicidio agravado, secuestro, terrorismo, incendio, sedición, asonada y falsedad en documento.
Los restos de las once personas nunca fueron entregados a sus familiares. Los familiares de los supuestos desaparecidos, con justa razón y legítimo derecho, no han claudicado en la búsqueda de la verdad sobre lo que pudo haber ocurrido con sus seres queridos.
Abrir el proceso contra el M-19 y sus dirigentes
En 1990, y después de un proceso de paz, el grupo M-19 entregó sus armas a cambio del perdón por sus crímenes de lesa humanidad y de que se les dieran cargos en el aparato de Estado. El gobierno firmó una amnistía con ellos.
Así, los ex terroristas del M-19 alcanzaron poco a poco posiciones de poder y conformaron un partido político.
En 1990, Antonio Navarro Wolf, ex miembro del estado mayor del M-19, fue nombrado ministro de Salud. Este personaje es hoy ex ministro, ex senador, ex alcalde, ex candidato presidencial y actual gobernador del departamento del Cauca.
Gustavo Petro, otro ex terrorista, es hoy senador, ex concejal, ex cónsul, y actual candidato presidencial por el Polo Democrático.
Otra guerrillera del M-19, Vera Grave, es ex cónsul y actual panelista en foros internacionales.
En enero de 1992, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega solicitó su retiro del Ejército para iniciar una nueva etapa de su vida buscando ubicacarse laboralmente en el sector privado.
Para algunos, el coronel Plazas Vega era un personaje que incomodaba respecto del proceso de paz con el citado grupo terrorista.
Como civil, el coronel hizo algunas incursiones en política que no prosperaron. Pasaron diez años en los que el coronel Plazas Vega se dedicó a la enseñanza, a la cátedra universitaria, a las actividades privadas, a negocios personales y a actividades de consultaría en seguridad.
En 2002, el doctor Álvaro Uribe Vélez fue elegido Presidente de la República de Colombia.
El presidente Uribe y su ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, decidieron nombrar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Esa designación obedeció a la verticalidad demostrada por el coronel Plazas en la lucha contra el terrorismo y el contra el narcotráfico en Colombia.
Durante su administración al frente de la DNE, el coronel Plazas Vega logró dar golpes contundentes a las estructuras financieras del narcotráfico en Colombia.
Plazas se constituyó en pieza fundamental del equipo que elaboró los proyectos de ley 785, sobre administración de bienes incautados, y 793 sobre extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico. El coronel Plazas ganó procesos de extinción de dominio de bienes y activos de la mafia superiores a los dos billones de pesos.
Esos procesos, entre otros, los ganó contra los abogados y las familias de los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria, Gilberto Rodríguez Orjuela, Miguel Rodríguez Orjuela, Jairo Correa Alzate, Iván Urdinola Grajales, Leonidas Vargas, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Aparicio Lenis, “el Negro” Asprilla, Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño), Luis Hernando Murcia (alias Martelo), Jesús Amado Sarria y Elizabeth Montoya de Sarria, Wilmer Varela (alias Jabón), Efraín Hernández (alias Don Efra), Diego León Montoya Henao (alias Don Diego), Helmer (Pacho) Herrera, Hermanos Mejía Múnera (alias los Mellizos) y Víctor Patiño Fómeque.
Dentro de los bienes y activos cuyos dominios fueron extinguidos se encuentran hoteles, haciendas, vehículos, aviones barcos, cuentas bancarias, y más de 300 empresas. El fondo-cuenta que maneja la Dirección Nacional de Estupefacientes (FRISCO) pasó de 100 millones de pesos a más de 600.000 millones de pesos.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega renunció a su cargo el 9 de noviembre de 2004, después de un debate político adelantado por un grupo de congresistas pertenecientes al partido conformado por ex-miembros del M-19, el hoy denominado Polo Democrático.
Importante es mencionar que históricamente la influencia del narcotráfico en sectores del Congreso colombiano es de público conocimiento.
Con su renuncia, el coronel Plazas quiso evitarle desgaste político al gobierno nacional.
Extrañamente, en 2005, y veinte años después de los hechos ya investigados, la Fiscalía General de la Nación decidió abrir una investigación penal contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia.
Hoy, en octubre de 2009, el coronel Plazas Vega lleva ya más de dos años privado de su libertad. El estuvo detenido en una unidad militar de Bogotá y después fue arbitrariamente trasladado a la cárcel de la Picota, de Bogotá.
Plazas ha sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro y desaparición forzada y ha sido llamado a juicio. Importante es anotar que en Derecho esos delitos se excluyen el uno al otro. Sin embargo, de manera absurda y exótica, por primera vez en la historia judicial de Colombia, la juez y la fiscal pretenden hacer coexistir esos delitos en el caso de Plazas Vega.
El coronel Plazas Vega no ha sido condenado. No hay pruebas, ni evidencia alguna, de que el coronel Plazas Vega haya cometido los delitos que se le imputan.
La acusación se derrumba
El 17 de septiembre de 2009, el Procurador General de la Nación, por intermedio de Jesús Villabona Barajas, procurador 19 judicial penal, pidió la absolución del coronel Plazas Vega, en vista de la “insuficiente solidez de los testimonios” utilizados por el ministerio público contra él. Para el Procurador General, “no existe ninguna prueba sobre la implicación del coronel Plazas en este asunto”.
El procurador Villabona subrayó que uno de los testimonios utilizados contra el coronel Plazas, el del sub-oficial Edgar Villamizar Espinel, no respetó el código de procedimiento penal ya que ese testimonio fue tomado “sin que las partes hayan sido previamente informadas y a sus espaldas, en desprecio del principio de la contradicción de la prueba”. Y lo que es peor: que ese “testigo” no quiso comparecer ante la justicia para dar informaciones complementarias, lo que contribuyó a “sembrar la duda sobre la objetividad de sus afirmaciones”.
Jesús Villabona Barajas sostuvo que de las pruebas recaudadas se puede concluir que el mando de la operación en términos generales siempre estuvo centralizado, formal y materialmente hablando, en cabeza del general Jesús Armando Arias Cabrales.
El representante del ministerio público advirtió que “frente al caso (de los supuestos desaparecidos) no hay prueba que acredite que el coronel Plazas tenía injerencia sobre ese asunto”.
La juez María Estela Jara y la fiscal Ángela María Buitrago deben ser investigadas por violación del debido proceso y por prevaricato. Entre otros delitos, esas funcionarias han montado el proceso aceptando como pruebas falsos testigos fabricados por la misma Fiscalía, utilizando delincuentes con largas condenas a quienes se les ofrecieron dádivas y beneficios económicos. Inclusive se les ofreció la libertad si declaraban contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
En particular, hay dos falsos testigos fabricados por la citada fiscal que son, a la fecha, la piedra angular del curioso proceso judicial montado por el narcotráfico contra el coronel Plazas Vega.
El proceso judicial que se adelanta en contra del coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia está pues plagado de irregularidades y de violaciones a las normas de Derecho.
Ese proceso es una venganza del narco-terrorismo. Ese proceso no es un proceso judicial con garantías para el imputado. Es un proceso montado sobre testigos falsos.
La salud del coronel Plazas Vega ha sido afectada por la situación en que se encuentra y porque se le han violado sus derechos humanos de manera flagrante por parte de la fiscal y de la juez que llevan el proceso.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega debe ser puesto en libertad inmediatamente.
El caso de Edgar Villareal o Villamizar
–Su verdadero nombre es Edgar Villamizar pero en su declaración aparece como Edgar Villareal. La cédula de ciudadanía y la firma no coinciden con el nombre del declarante. La cédula y la firma corresponden a un Edgar Villamizar. Edgar Villareal no aparece en los archivos del Ejército.
– Edgar Villamizar trabajó como funcionario de la Fiscalía pues perteneció al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI ) hasta fecha reciente, lo cual lo inhabilita para ser aceptado en un juicio como testigo por ser empleado subordinado del ente acusador: la Fiscalía.
– Edgar Villamizar es un ex cabo retirado del Ejército que nunca perteneció a la Escuela de Caballería, según los archivos del Ejército.
–Para la fecha de los hechos, Edgar Villamizar pertenecía a una unidad del Ejército ubicada en el municipio de Granada, Meta, y por ende él no pudo haber participado en la operación del Palacio de Justicia en Bogotá.
– Edgar Villareal o Villamizar nunca ha comparecido físicamente a las audiencias: ni durante la investigación, ni durante el juicio.
–La supuesta prueba que intenta hacer valer la fiscal es una declaración escrita adelantada en una inspección judicial ilegalmente llevada a cabo en la Escuela de Caballería.
–La inspección fue ilegalmente adelantada pues se llevó a cabo sin la presencia de los abogados, ni de la Procuraduría. Ello viola las leyes procesales colombianas.
El caso de Tirso Sáenz
Tirso Sáenz es un cabo retirado del Ejército que no aparece en los archivos de esa institución como participante en la operación del Palacio de Justicia. El se encuentra en la cárcel de Cómbita (Boyacá) pagando condenas que suman más de 102 años de prisión. Sus delitos incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, hurto y lesiones personales. Para la fecha de los hechos del Palacio de Justicia Tirso Sáenz se encontraba detenido por hurto. En consecuencia, es imposible que él hubiese podido ser testigo. Tirso Sáenz reconoce en su declaración que le fueron ofrecidos beneficios económicos y carcelarios y que inclusive se le ofreció la libertad si declaraba en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
La intachable hoja de vida del coronel Plazas Vega, evidencia que nunca perteneció a unidades de inteligencia militar. Siempre perteneció a unidades de combate y a unidades académicas de capacitación.
Una de sus responsabilidades más delicadas fue la de estar a cargo de la seguridad de su Santidad Juan Pablo II, durante su visita a Bogotá. El Vaticano sólo permite que hombres impolutos puedan ejercer esa responsabilidad después de exhaustivos estudios de perfil humano y profesional de esas personas.
Respecto de los restos de 11 personas que nunca llegaron a sus familias tras los trágicos hechos del Palacio de Justicia, la justicia colombiana debe establecer con precisión y con pruebas contundentes si lo que hubo allí fue un asesinato de personas por parte del M-19 dentro del palacio de Justicia. Debe establecer si esos cuerpos calcinados nunca fueron debidamente revisados, o si lo que hubo fue un genocidio. Esta incógnita no ha sido clarificada con pruebas contundentes, si se exceptúa lo que al respecto dice, con enorme claridad, el citado informe del Tribunal Especial de Instrucción.
Una vez esta incógnita sea clarificada, el Estado colombiano deberá buscar y arrestar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de esos crímenes y aplicarles todo el peso de la ley.
La manipulación de las víctimas debe cesar
No es justo que a las familias de la victimas se las utilice para desviar las investigaciones lo cual solo contribuirá a dejar en la impunidad a los verdaderos culpables del drama humano al que fueron sometidas.
La manipulación de algunas víctimas busca condenar a un hombre inocente que cumplió con su deber constitucional en momentos críticos que el Estado de Derecho en Colombia estaba siendo amenazado y que luchó contra organizaciones del narcotráfico en Colombia. Los únicos ganadores de esta situación son hasta ahora los verdaderos culpables de la tragedia del Palacio de Justicia.
Los ganadores en el proceso contra el coronel Plazas Vega son los grupos narco-terroristas que por décadas han azotado a los colombianos y que financian este burdo montaje.
Hay que recordar que el coronel Plazas ganó procesos de extinción de dominio contra el narcotráfico y que confiscó bienes y activos por más de dos billones de pesos durante su administración como director nacional de Estupefacientes, durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
De manera muy clara el coronel Plazas se convirtió en objetivo militar y jurídico del narcoterrorismo infiltrado en el sistema judicial colombiano.
La reciente decisión de la juez María Estela Jara de recluir al coronel Plazas Vega en la cárcel común de la Picota, de Bogotá, donde la vida de él corre peligro, por encontrarse allí personas de altísima peligrosidad, viola la Constitución y las leyes de la República. A esa juez y a esa fiscal se les debe abrir por ello una investigación penal de manera inmediata.
La ley 65 de 1996, en su artículo 27, dice: “Cárceles para miembros de la fuerza pública. Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de éstos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. La organización y administración de dichos centros se regirán por normas especiales.”
La reciente decisión de la juez María Estela Jara de recluir al coronel Plazas Vega en la penitenciaría de la Picota, de Bogotá, sin haber sido condenado, viola la ley colombiana y el derecho internacional humanitario.
El coronel Plazas Vega no ha sido dado de alta por el Hospital Militar. Sin embargo, él fue llevado por la fuerza a la penitenciaria de la Picota mediante un brutal y cuestionable operativo, el 20 de agosto de 2009, que se convirtió más bien en un asalto ilegal por agentes del Inpec a un hospital militar de Bogotá. Allí el coronel y su esposa fueron violentados y golpeados. Al coronel Plazas Vega se le aplicó de manera ilegal una inyección que a la fecha no se sabe qué sustancia contenía, ni cuáles serán las consecuencias que tendrá para su salud.
Cabe anotar que el Inpec sólo tiene atribuciones para adelantar operativos dentro de las cárceles colombianas y no en hospitales. La ley colombiana no le da al Inpec atribuciones policivas.
Al trasladar al coronel Plazas a una cárcel común se pone en riesgo el derecho a la vida por cuanto el coronel está altamente amenazado por los carteles de la droga y por los grupos terroristas.
La prensa debe investigar a fondo
Para que el país conozca la verdad del proceso judicial del Palacio de Justicia es de la mayor importancia que los medios de información colombianos hagan un trabajo investigativo cuidadoso, minucioso, técnico y con contenido serio, basado en el examen del Informe del Tribunal Especial de Instrucción del 31 de mayo de 1986, así como de pruebas materiales y documentales, y desechando los rumores y las conjeturas.
Una investigación basada en los hechos que existen dentro del proceso es la única manera de lograr que la opinión pública sea realmente informada y que la opinión entienda un proceso judicial histórico tan importante como el de los hechos del Palacio de Justicia.
La reciente decisión de la juez María Estela Jara de recluir al coronel Plazas Vega en la penitenciaría de la Picota y el asalto al Hospital Militar por miembros del Inpec constituyen una agresión a las Fuerzas Armadas de Colombia.
Las Fuerzas Armadas y, particularmente, el Ejercito Nacional, son instituciones cuyos hombres han luchado y sufrido mucho para pacificar el país y buscar un mejor nivel de vida para todos los colombianos.
Colombia debe apoyar a su Ejército y a su fuerza pública hoy más que nunca.
La dignidad de sus hombres debe ser respetada.
Lo que ocurra con el proceso contra el coronel ( r ) Luis Alfonso Plazas Vega dictará la línea y la forma de funcionar de la justicia colombiana en los próximos años frente a otros de procesos abiertos sin pruebas y mediante aberrantes detenciones contra militares de Colombia.
Detrás del proceso contra el coronel Plazas Vega lo que está en juego es el respaldo de la justicia a las Fuerzas Armadas, la dignidad y la moral de las tropas, y por ende la seguridad de la nación colombiana.
Hay más militares y policías que están cursando por situaciones similares y vendrán más arbitrariedades si no se imparte justicia en el caso del coronel Plazas.
Las batallas militares no son las únicas que se deben ganar. Si la batalla jurídica en contra del Ejército se pierde, la guerra contra el terrorismo se perderá y la nación colombiana se convertirá en un Estado anárquico al servicio del tráfico de drogas.
Esas prácticas de injusticia contra los militares de Colombia deben acabarse de una vez por todas y deben generar consecuencias penales para quienes abusen de sus atribuciones civiles y/o judiciales.
Lo anterior no excluye el hecho de que debe haber castigo para los miembros de la fuerza pública que cometan delitos. Lo anterior sólo debe hacerse ante verdaderas pruebas de violaciones reales de la ley.
La reciente reunión del presidente Hugo Chávez con el jefe del Polo Democrático (un ex M-19) dibuja el trasfondo de la flagrante venganza que se presenta en el caso del coronel Plazas Vega. El 8 de agosto de 2009, en efecto, el senador colombiano Dussán, jefe del Polo Democrático, realizó una visita en nombre de su partido al presidente venezolano Hugo Chávez. El tenor exacto de esas conversaciones no ha sido dado a conocer oficialmente.